Incluso como marco general, parece esencial tener en cuenta el papel que las instituciones pueden desempeñar potencialmente en la eliminación de las barreras que impiden el pleno acceso de las personas transgénero a la ciudadanía. La pluralidad de funciones que puede desempeñar el sector público requiere un análisis diferenciado.
- Liderar la introducción de buenas prácticas de inclusión hacia las personas transgénero en todas las esferas de la vida pública.
- Colaborar continuamente con los agentes sociales y económicos (sindicatos, asociaciones LGBT+ o de derechos humanos, empresas) para superar el actual marco de discriminación.
- Organizar comisiones y/o grupos técnicos de trabajo para examinar y analizar el fenómeno de la discriminación, así como promover la investigación para eliminar la cortina de invisibilidad sobre la condición de las personas transgénero, de modo que se disponga de datos actuales y verificables.
- Promover y fomentar las redes entre las asociaciones LGBT+ y quienes se ocupan de la defensa de los derechos humanos, mediante la creación de Consejos para dialogar con las instituciones públicas.
- Entrar en la Red Nacional de Administraciones Públicas contra la Discriminación por orientación sexual e identidad de género (Red RE.A.DY) para formar parte de una red de administraciones públicas contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual.
- Implementar servicios de apoyo, puntos de información, números gratuitos, puntos de ayuda sobre el tema de la identidad de género y la condición de las personas transgénero.
- Promover políticas locales para combatir la discriminación de las personas transgénero.
- Organizar actos de sensibilización, encuentros formativos y actividades conmemorativas con motivo del Día Internacional contra la Homolesbobitransfobia o del TDor “Transgender Day of Remembrance”, así como ofrecer un espacio de reflexión sobre la situación de las mujeres transgénero con motivo del Día Internacional de la Mujer o del Día Internacional contra la Violencia de Género.
- Explorar la posibilidad de incluir “cláusulas arcoíris” en la contratación pública, siguiendo lo que ya se utiliza con respecto a la “contratación verde”, por ejemplo.
- Sensibilizar a los proveedores sobre las cuestiones relativas a la condición transgénero y la condición de LGBT+ en general.
- Evitar cualquier violación de la privacidad/intimidad de la persona en cuestión; por ejemplo, dirigirse a la persona con el género correspondiente a su apariencia e identidad de género, sin actuar de forma “juzgadora” o (incluso involuntariamente) estigmatizante.
- Tener en cuenta que no todos los usuarios respetan los códigos binarios, y prestar atención a ofrecer bienes y/o servicios de forma que satisfagan las necesidades de las personas no binarias.
- Introducir y/o reforzar la legislación para combatir la discriminación por motivos de identidad de género.
- En la elaboración de los documentos de planificación sociosanitaria (por ejemplo, los planes sociosanitarios regionales), activar los canales de comunicación con las asociaciones transgénero, para detectar las necesidades percibidas e incluir las especificaciones relativas al ámbito de referencia.
- Incluir a las personas transgénero entre los potenciales destinatarios de las acciones positivas y buenas prácticas en las materias de competencia regional, así como entre los destinatarios de las actividades de formación financiadas por el Fondo Social Europeo.
- Aprobar directrices para garantizar que las personas transgénero puedan ser alojadas en centros sanitarios públicos o acreditados de forma que se proteja su privacidad y confidencialidad, por ejemplo, proporcionando habitaciones separadas y servicios ad hoc.
